SOBRE LA SITUACION ACTUAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS

Por: Jerson Cárcamo[1].

Honduras es un país con una extensión de 112,492 Km2, ubicado en la parte central del istmo centroamericano y que de acuerdo con datos del INE[2] con una población que asciende los 8.2 millones de habitantes distribuidos en 18 departamentos y 298 municipios. Forma parte del triangulo norte de la región centroamericana, junto con El Salvador y Guatemala y forma parte del grupo CA4, juntos con Nicaragua y los países antes mencionados.

Honduras tiene una forma de gobierno republicano, conformada por tres poderes autónomos y no subordinados, el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, este último responsable de la administración de justicia y la protección de los derechos humanos de las personas, junto con otras instancias como el Ministerio Público a través de la fiscalía especial de los derechos humanos, siendo así conformado el sistema nacional de protección de los derechos humanos. De igual manera, Honduras forma parte de dos sistemas de protección de los Derechos Humanos, El sistema universal de las Naciones Unidas y el sistema interamericano aglutinado por la Organización de los Estados Americanos. En ambos casos, Honduras ha firmado y ratificado convenios y tratados internacionales de protección de los derechos humanos y se ha sometido a la competencia de los mecanismos de protección de los derechos humanos en ambos casos[3].

Al ratificar un tratado o convención internacional, los países, Honduras en este caso, se comprometen a[4]:

·         Cumplir de buena fe lo establecido en el instrumento ratificado.

·         Adaptar la legislación interna a las disposiciones del instrumento ratificado.

·         Cumplir las decisiones y recomendaciones emanadas de los órganos internacionales de vigilancia.

Por tal razón, algunos autores consideran que  derechos humanos imponen a los estados obligaciones desde una tipología tripartita que demanda respetar (carácter negativo, en cuanto limita la actuación del estado frente a las libertades individuales), proteger (carácter positivo-preventivo, en cuanto demanda acciones del estado que prevengan las violaciones de los derechos humanos de las personas bajo su jurisdicción) y realizar (carácter positivo-facilitador, en cuanto el Estado debe facilitar los medios para el disfrute de los derechos de las personas) los derechos humanos de la población. Las obligaciones contraídas por el estado incluyen también, la adopción de medidas legislativas para hacer efectivos los derechos, garantizar los derechos desde la perspectiva de igualdad y no discriminación y garantizar el derecho de las garantías judiciales de todas y todos[5].

Pero, hablar de la situación actual de los derechos humanos en Honduras, a abordar las situaciones acaecidas en el marco de la situación política y la desestabilización generada por el golpe de estado militar el 28 de junio de 2009. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha manifestado a través del informe de la visita realizada a Honduras, se violentaron varios derechos como la vida, la integridad física, la libertad de expresión, la integridad sexual y la igualdad y no discriminación, la huelga y el derecho al debido proceso entre otros. A lo anterior también contribuyo, la militarización del territorio, la primacía del poder militar sobre el civil, y la deficiencia de los órganos responsables de la impartición de justicia[6].

En el marco del golpe de estado, la CIDH[7] ha constatado que en Honduras se concretaron múltiples actos violatorios de los derechos humanos, en atención, particularmente a los descritos a continuación:

·         Derecho a disfrutar de las garantías judiciales y el debido proceso.

·         Derecho a la vida.

·         Derecho a la integridad  personal y a la libertad de reunión.

·         Derecho a la libertad personal.

·         Derechos políticos (participación, voz y voto, ejercicio de la carrera pública, etc).

·         Derecho a la libertad de expresión.

·         Derecho a la educación y derecho a la  huelga.

·         Derechos de las mujeres.

Algunas manifestaciones que determinaron tales violaciones incluyeron:

·         El estado de excepción o toques de queda.

·         Retenes militares y policiales.

·         Represión de manifestaciones.

·         Cierre de medios de comunicación y bloqueo de señal.

·         Servicio militar obligatorio.

·         Afectaciones a medios impresos.

·         Cortes de energía eléctrica.

·         Detenciones ilegales de comunicadores sociales.

·         Agresiones en contra de comunicadores/as sociales.

·         Amenazas y otras formas de intimidación.

En la actualidad, Honduras atraviesa un momento difícil, de acuerdo con datos reportados en el reciente informe del estado de la región, se revela un aumento en las cifras de muertes violentas que en el país alcanzan alrededor de 80 homicidios por cada 100,000 habitantes, situando a Honduras en el lugar de los países más violentos de Latinoamérica. El flagelo del crimen organizado y la narcoactividad, la debilidad de las estructuras institucionales del Estado, la corrupción, la vulnerabilidad estatal frente a las presiones externas, la concentración de poder y riquezas, el desempleo, la migración, el tráfico ilícito de armas, la pauperización de la clase media, el alto costo de la vida, un bajo nivel de instrucción pública y la dificultad para hacer frente a desastres naturales, reflejan un panorama desalentador de inseguridad, indefensión, pobreza e ingobernabilidad, así como una incapacidad del estado para canalizar las demandas sociales acumuladas, lo cual obstaculiza el respeto, promoción y realización de los derechos humanos y propicia el patrón de transmisión intergeneracional de pobreza. Este informe revela que la desigualdad en el triangulo norte de la región centroamericana (que incluye a Honduras) afecta alrededor del 40% de habitantes, siendo más deprimente aun, la ausencia de voluntad política para mermar tal exclusión, situación que coloca a los estados, incluyendo Honduras, en un riesgo de degradación a causa de la erosión de de las bases políticas del orden democrático[8].

Como una manera de conocer y reconocer la lógica y secuencia de los hechos previos, concurrentes y posteriores al golpe de estado, se estableció en Honduras la Comisión de la Verdad y la reconciliación, misma que entregó su informe en el mes de julio de 2011, aportando una cantidad sustantiva de material relacionado con los hechos en mención, la cronología de los hechos, los efectos de los mismos sobre la realidad hondureña en todas sus aristas y una compilación de testimonios autorizados para su publicación. Este informe ofrece una radiografía de las violaciones a los derechos humanos acaecidas en el periodo descrito y también una tipología de las violaciones a los mismos como se detalla a continuación[9]:

1.    Derecho a la vida: se establecieron dos tipologías de violación en base a los insumos compilados por la CVR, las muertes producto del uso desproporcionado de la fuerza y las muertes productos de los asesinatos selectivos.

2.    Derecho a la libertad y seguridad: restricción arbitraria de la libertad personal, obstáculos a la libertad de movilización, Controles de identidad y retenciones en la vía pública, detención arbitraria, uso excesivo de la fuerza, violación del derecho de entrar y salir del país, allanamiento de domicilios, amenazas de muerte por varias vías, secuestros y desapariciones forzadas, incumplimiento del deber de custodia, uso de recintos no adecuados para la detención.

3.    Derecho a la Integridad: prácticas de tortura y tratos crueles inhumanos o degradantes, violencia sexual contra mujeres.

4.    Derecho a la libertad de expresión: Represión selectiva, sistemática y premeditada de medios de comunicación, interrupción de las transmisiones y el corte del servicio de energía eléctrica, elaboración incompatible con el derecho internacional (decreto ejecutivo PCM-M-016-2009) de la suspensión de garantías, falta de independencia de medios, falta de independencia del poder judicial.

5.    Derecho a la Justicia: de los 81 recursos de amparo recibidos por la Corte Suprema de Justicia en el marco del a crisis política, solo dos fueron otorgados, siendo los que restituían a su cargo al Gral. Romeo Vásquez, 6 de los recursos permanecen pendientes y 73 no fueron otorgados.

Esta Comisión de la Verdad y la Reconciliación, hace referencia a las denuncias recibidas en relación a los daños de propiedad acaecidos en el marco de las manifestaciones convocadas por organismos que apoyaban al Sr. Manuel Zelaya. De igual manera apuntan hacia el resultados de las violaciones a los derechos humanos en lasque incurrieron las instancias operadoras de justicia y los cuerpos de seguridad del estado, lo cual ocasiono en la población el sentido de indefensión y desconfianza ante el accionar de estos entes públicos.

En esta misma tónica, Amnistía Internacional, lista como principales violaciones a los derechos humanos en el marco del golpe de estado, el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del estado, los homicidios ilegítimos, las detenciones arbitrarias,  intimidación de miembros de la magistratura, comunicadores, defensores de DDHH y miembros/as de la oposición[10].

Finalmente, la comisión ofrece una serie de recomendaciones “para que los hechos no se repitan”, mismas que concernían a diversos ámbitos como el constitucional, político, y por supuesto, en el  ámbito de los derechos humanos; estos últimos en relación a las practicas que generen impunidad sobre los hechos ocurridos, la protección judicial, reformas para el fortalecimiento del Ministerio Público y la investigación de la Fiscalía especial de los Derechos Humanos, la investigación al CONADEH, fortalecimiento y depuración de la policía Nacional, Preventiva y la DNIC y otras relativas al derecho a la reparación y la verdad[11].

El movimiento de Amnistía internacional, por su parte, giro también un banco de recomendaciones al gobierno de Porfirio Lobo Sosa, en el marco de garantizar justicia, verdad y reparación a las víctimas y/o familiares de víctimas en el marco del golpe de estado, abstenerse de otorgar amnistía a los violadores de DDHH, garantizar investigaciones inmediatas, reforzar la Fiscalía especial de los DDHH, mejorar los métodos de actuación policial,  establecer un exhaustivo plan nacional de derechos humanos y evaluar la eficiencia del CONADEH, entre otras[12].

Siempre en el marco de recomendaciones, esta vez desde la óptica del cuarto informe del estado de la región, las directrices a trazar deben apuntar hacia el impulso de acciones para disminuir la vulnerabilidad social y ambiental, fortalecer el sector seguridad y justicia, ajustar las políticas públicas al enfoque de derechos humanos y eficiencia operativa, lo anterior en el marco de un acuerdo político duradero que permita que los países como Honduras puedan dar el “salto a la inclusión” y que requiere de al menos cuatro requisitos:

1.    Demanda ciudadana por la inclusión.

2.    Voluntad política.

3.    Poder infraestructural del estado.

4.    Ejercicio de poderes fácticos.

Estos requisitos son planteados como la salida a una situación en la que la ciudadanía no presiona por la inclusión, los partidos políticos no tienen interés eh ello, el Estado no puede impulsarlo y los poderes facticos lo bloquean[13].

En un sentido amplio, relacionado con el cumplimiento de los derechos humanos de manera sustantiva más que formal, las estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Honduras al año 2006 alcanza un índice de desarrollo humano de 0.714, considerado medio y que le ubica en el lugar número 117 de 179 países, por encima únicamente de Nicaragua, Guatemala y Haití. En esta misma tónica, el IDH, identifica las tres regiones conformadas por departamentos que alcanzan niveles similares de desarrollo humanos; la región con el más alto nivel de desarrollo humano está conformada por tres departamentos del litoral atlántico y Francisco Morazán; por otro lado un grupo robusto está conformado los departamentos con índice medio y finalmente, el grupo con más bajo desarrollo humano lo conforman los cuatro departamentos del occidente del país conocidos como el núcleo duro de la pobreza en Honduras. Los datos indican que al año 2007 la esperanza de vida de la/el Hondureña/o es de 70.5 años, la tasa de alfabetización de adultos es de 82.5%, la tasa de asistencia escolar en el nivel básico del 63.3% y un ingreso per cápita de US$. 3.810; en todos los índices mencionado se observan incrementos anuales desde el 2001. Los datos contenidos en el informe apuntan hacia las diferencias en relación al IDH considerando el género como determinante que pone en evidencia la condición de desigualdad que existe en relación a los géneros en Honduras[14].

En este mismo orden de ideas, el Informe regional sobre desarrollo humano para América Latina y el Caribe, confirma la idea del a desigualdad en la calidad de vida en relación con territorios y grupos particulares. De esta manera crea el Índice de Desarrollo Humano Ajustado a la Desigualdad (IDH-D), de los países de Latinoamérica, Bolivia, Honduras y Nicaragua alcanzan un IDH-D, muy distante del índice sin ajuste. Es así que a causa de la desigualdad, Honduras cae de la ubicación en el rango de 0.6 a 0.7 para caer a una ubicación de su IDH en el rango de 0.3 a 0.4, reflejando que la distribución desigual de riquezas y el acceso diferencial a oportunidades, afecta directamente el disfrute de los derechos humanos y por consiguiente la calidad de vida que hombres y mujeres debe gozar en el espíritu de la dignidad del ser humano[15].

El tercer informe de avances en el cumplimiento de los objetivos y metas del milenio[16], ofrece un panorama sobre la situación del cumplimiento de los derechos humanos en Honduras y los retos en el marco del a cercanía del año 2015 fecha propuesta para alcanzar dichos indicadores. Nuevamente, este informe apunta hacia la reducción de la desigualdad social como único camino hacia la erradicación real de la pobreza, la cual se instala principalmente en los hogares con jefatura femenina.

Otros puntos pendientes que deben posicionarse en las agendas políticas de las y los gobernantes es la precariedad laboral, particularmente de mujeres y jóvenes, seguridad alimentaria, la conflictividad social que rodea la educación hondureña, la desigualdad de los géneros reflejada en la ausencia del enfoque de género en la currícula nacional básica, la condiciones de desigualdad laboral que enfrentan las mujeres, la revisión de la ley electoral, etc. También se aprecia, tasas considerables de mortalidad infantil, la deficiente sistematización de información sobre el estado de la mortalidad materna, la lucha contra el VIHSIDA y el acceso al tratamiento antirretroviral para las PVVS’s y la garantía de protección al medio ambiente a través de una vigilancia estricta de las zonas protegidas.

Como parte de las acciones del gobierno de la Republica, el 30 de septiembre de 2010, se establece el decreto mediante el cual se crea la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, órgano del ejecutivo cuyo mandato consiste en:

“Rectorar e impulsar el cumplimiento de las responsabilidades del Estado, particularmente del Poder Ejecutivo en materia de Acceso a la Justicia y Derechos Humanos, a través de la promoción de políticas públicas, con el fin de generar una cultura de respeto a los Derechos Humanos, que se fundamente en el principio de la dignidad de la persona humana, como base del desarrollo social y democrático[17].”

En tal sentido, una de las actividades primarias asumidas por esta dependencia del Ejecutivo, fue la rendición del Examen Periódico Universal (EPU) ante el sistema Universal de los Derechos Humanos. El EPU es un mecanismo de de cooperación establecido para examinar el cumplimiento por parte de los estados de sus obligaciones y compromisos en materia de DDHH. Dentro de sus ventajas se mencionan su carácter universal, la autogestión del propio estado, la naturaleza de las recomendaciones, y el establecimiento voluntario de compromisos[18].

Como resultado de la rendición del EPU ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el estado de Honduras ha ratificado el compromiso por el respeto y protección de la dignidad humana en el marco del plan de país. Se recalco el trabajo realizado por Honduras en aras de afianzar el marco jurídico de protección de la infancia, reducir el nivel de pobreza y atender las violaciones a DDHH de las que son víctimas mujeres, migrantes, pueblos indígenas y afrohondureños, así como las personas de la diversidad sexual[19].

En tal sentido, se determino la importancia de armonizar el ordenamiento jurídico nacional con los tratados y convenios internacionales suscritos por Honduras, así como atender el tema de las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, las amenazas y agresiones contra defensores/as de DDHH y comunicadores evidenciando la necesidad de reforzar la cultura de la denuncia, eficiente la impartición de justicia y fomentar la independencia judicial. De la presentación del informe se desprenden 112 recomendaciones asumidas por el estado Hondureño y 12 recomendaciones que el estado analizara y a las cuales responderá en tiempo y forma. En todos los casos, las recomendaciones refieren a la ratificación de instrumentos internacionales de DDHH, la armonización del ordenamiento jurídico nacional con la norma jurídica internacional de DDHH, adoptar medidas encaminadas a la no discriminación, atender la problemática de DDHH de grupos vulnerabilidades, entro otras.

La problemática de DDHH en Honduras en una época post golpe, requiere de un análisis  exhaustivo que remita al establecimiento de prioridades a atender, en el marco de la reparación y la justicia. Se requiere particular atención a situaciones como el narco tráfico, el crimen organizado, las nuevas formas de esclavitud, el desarrollo sostenible y sobre todo el fortalecimiento de la institucionalidad en materia de derechos humanos, para garantizar que el estado cumpla con su obligación de reconocer, proteger, promover y garantizar los derechos humanos y las demás garantías y libertades.

Documentos Consultados

1.    Amnistía Internacional (2010) Recomendaciones al nuevo gobierno de Honduras tras el golpe de estado de junio de 2009. Madrid.

2.    Bonilla, J. (2010) Sistemas nacionales e Internacionales de Protección de los Derechos Humanos, Maestría de educación en Derechos Humanos, UPNFM.

3.    Cisneros, A. M. (2010) Cooperación entre los sistemas de derechos humanos Universal e Interamericano dentro del marco del mecanismo de examen periódico universal. Revista SUR, v. 7, n. 13, dic. 2010. (pp. 178-179).

4.    Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2010) Informe del grupo de trabajo sobre el Examen Periódico Universal/Honduras.

5.    Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009) Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado.

6.    Comisión de la Verdad y la Reconciliación (2011) Para que los hechos no se repitan: Informe de la Comisión de la verdad y la reconciliación. Editorama, San José.

7.    Instituto Nacional de Estadísticas (2001) Resumen de la proyección de la población de Honduras 2001-2015. Tegucigalpa. Disponible en www.ine.hn

8.    Mejía, R., J. (2010) Honduras y los sistemas de protección internacional de derechos humanos. Editorial San Ignacio, Tegucigalpa.

9.    Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (2010) Cuarto informe estado de la Región Centroamericana en Desarrollo Humano Sostenible. San José.

10. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2009) Informe de Desarrollo Humano Honduras 2008/2009.

11. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2010) Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe. Actuar sobre el futuro: Romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad. San José.

12. Secretaría de Estado en los Despachos de justicia y Derechos Humanos (2010) Marco estratégico. Disponible en http://www.sjdh.gob.hn/?q=marco_estrategico.

Sistema de las Naciones Unidas en Honduras (2010) Objetivos de Desarrollo del Milenio, Honduras 2010. Tercer Informe de país. San José.

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[1] Psicólogo egresado de la UNAH, Pasante de la Maestría en Educación en Derechos Humanos de la UPNFM.

[2] Instituto Nacional de Estadísticas (2001) Resumen de la proyección de la población de Honduras 2001-2015. Tegucigalpa. Disponible en www.ine.hn

[3] La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de derechos humanos en el sistema interamericano.

[4] Bonilla, J. (2010) Sistemas nacionales e Internacionales de Protección de los Derechos Humanos, Maestría de educación en Derechos Humanos, UPNFM.

[5] Mejía R., J. (2010) Honduras y los sistemas de protección internacional de derechos humanos. Editorial San Ignacio, Tegucigalpa.

[6] Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009) Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado. (pp. 38-39).

[7] Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2009) Honduras: Derechos Humanos y Golpe de Estado. (pp. 54-146).

[8] Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (2010) Cuarto informe estado de la Región Centroamericana en Desarrollo Humano Sostenible. San José. (pp 28-31).

[9] Comisión de la Verdad y la Reconciliación (2011) Para que los hechos no se repitan: Informe de la Comisión de la verdad y la reconciliación. Editorama, San José. (pp.286-385).

[10] Amnistía Internacional (2010) Recomendaciones al nuevo gobierno de Honduras tras el golpe de estado de junio de 2009. Madrid. (pp. 4-9).

[11] Comisión de la Verdad y la Reconciliación (2011) Para que los hechos no se repitan: Informe de la Comisión de la verdad y la reconciliación. Editorama, San José. (pp.404-407).

[12] Amnistía Internacional (2010) Recomendaciones al nuevo gobierno de Honduras tras el golpe de estado de junio de 2009. Madrid. (pp.2-3).

[13] Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible (2010) Cuarto informe estado de la Región Centroamericana en Desarrollo Humano Sostenible. San José. (pp 31-46).

[14] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2009) Informe de Desarrollo Humano Honduras 2008/2009. (pp. 274-275).

[15] Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2010) Informe Regional sobre Desarrollo Humano para América Latina y el Caribe. Actuar sobre el futuro: Romper la transmisión intergeneracional de la desigualdad. San José. (pp. 46-49).

[16] Sistema de las Naciones Unidas en Honduras (2010) Objetivos de Desarrollo del Milenio, Honduras 2010. Tercer Informe de país. San José.

[17] Secretaría de Estado en los Despachos de justicia y Derechos Humanos (2010) Marco estratégico. Disponible en http://www.sjdh.gob.hn/?q=marco_estrategico.

[18] Cisneros, A. M. (2010) Cooperación entre los sistemas de derechos humanos Universal e Interamericano dentro del marco del mecanismo de examen periódico universal. Revista SUR, v. 7, n. 13, dic. 2010. (pp. 178-179).

[19]  Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2010) Informe del grupo de trabajo sobre el Examen Periódico Universal/Honduras.